oy José Mateos Martínez, estudiante de doctorado de la Universidad de Murcia y becario de la misma.
Durante estas semanas han aparecido diversas noticias sobre la intención de la Universidad de Murcia de expulsarme durante un año por mis críticas al consejo de estudiantes y al rectorado (podéis ver la noticia aquí por ejemplo http://www.rebelion.org/noticia.php?id=99425 ). Pues bien, hoy he recibido la resolución donde se confirma mi expulsión. Dejando claro que voy a recurrir a los tribunales contra la aberración jurídica que supone, me gustaría resaltar algunos de los elementos más escandalosos de este proceso:
-Mi expediente se inició el 10 de febrero de 2009 y tomaba mi condición de alumno como base para sancionarme y aplicarme el reglamento franquista de disciplina académica. Estaba en mi segundo año de doctorado y sólo tenía que leer mi trabajo de DEA para perder dicha condición, cosa que debió suceder entre junio y septiembre, fecha en la que POR LEY debía convocarse el examen del Diploma de Estudios Avanzados. Pues bien, el Departamento de Derecho Civil responsable del examen (al cual pertenece el rector) se negó a convocarlo violando la ley. Su excusa fue que no se le había dado una documentación que precisaban en el negociado de doctorado, pero en dicho negociado juran que cumplieron con su deber. Durante meses acudí al departamento, al negociado y al vicerectorado competente. Con diversas y cada vez más burdas excusas me fueron dando largas... hasta decirme que, contraviniendo la ley, este año no se convocaría examen y así yo conservaría forzosamente mi condición de alumno para seguir atado al expediente. He remitido todos los correos electrónicos y demás pruebas de mis desesperados intentos por hacer valer el derecho a examen que todo alumno tiene al Defensor del Universitario.
-Se me ha aplicado un reglamento franquista, aprobado en 1954 y cuya abolición ha rogado ya muchas veces la conferencia de rectores http://www.crue.org/export/sites/Crue/legislacion/documentos/Legislacion_espanola/GOBIERNOAG_25.01.06.pdf (vid. disposición derogatoria). En numerosísimas universidades de España ya cuentan con reglamentos disciplinarios aprobados por ellas de acuerdo con los principios constitucionales, pero Cobacho se aferra a las prerogativas que le da la legislación franquista.
-Mi expediente debió caducar a los 6 meses al no tener el reglamento franquista plazo de caducidad propio. Sin embargo se me impuso arbitrariamente el del reglamento de disciplina funcionarial (un año), sin que me sea aplicable al no ser yo funcionario.
-Quien me ha condenado (el rector) es juez y parte debido a que mis críticas iban dirigidas a su gestión. Igualmente el informe jurídico en que se fundamentó la apertura de este expediente fue redactado por Germán Teruel, también juez y parte al ser objeto de mis reproches.
-La lógica jurídica del expediente es directamente atroz. Se me ha denegado toda presentación de prueba, quedando en la más absoluta indefensión. Todos mis intentos por pretender dilucidar la posible ilegalidad de algunos de los hechos que critiqué (y confirmar la probada ilicitud de otros) han sido abortados por un rector obsesionado con expulsar a quien llama "lacayos" a sus subalternos en la representación estudiantil...pero a quien le da igual que éstos puedan malversar o que, confirmadamente, alguno de ellos haya cometido delitos en las instalaciones de la universidad como grabar a un discapacitado con fines burlescos.
En su delirante argumentación, el rector llega a decir literalmente que incluso si los jefes del ceum "hubieran incurrido en defectos de gestión significativos, INCLUSO EN IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE RELEVANCIA, ello no autorizaría al sr Mateos a emplear legítima y públicamente frente a aquellos los insultos y expresiones de desprecio concurrentes en sus escritos". El rector, que se niega a indagar sobre esas presuntas irregularidades, pretende sostener que es lo mismo llamar asesino a un inocente que a un auténtico homicida, y que en ambos casos se producen injurias. Incluso en circunstancias normales, llamar a un representante público "siervo del poder" "vividor" o lacayo" estaría amparado por el legítimo descontento con su gestión...pero decir que, hasta en el caso de que haya cometido ilegalidades, tales expresiones están vetadas, supone alcanzar el nivel de represión del franquismo.
-Por último, lo desproporcionado de mi sanción salta especialmente a la vista si la comparamos con la que este mismo rector pretendía imponer a un catedrático después de que se le condenase por acoso sexual a una subordinada...CINCO MESES!!! Y a mí por criticar su gestión y la de sus lacayos...UN AÑO!!!
Más de mil estudiantes (y algunos profesores) han firmado ya en contra de mi expulsión en este hoja virtual http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHNORXhYb0JoeVJzeFl3aXhLbFRmQWc6MA
Aquí tienen mis alegaciones finales
http://www.scribd.com/share/upload/22257221/2cdygfvrxi58mwf6ixo1
Y aquí la resolución por la que se me expulsa
http://www.scribd.com/doc/26557596/DA-3-2009
Si las leeis conjuntamente veréis aun con más claridad el despropósito bananero que ha sido mi expediente.
Gracias de corazón por vuestra solidaridad y la difusión que estáis dando a esta noticia. Por mi parte, aparte de acudir a los tribunales, voy a seguir luchando con la misma determinación para impedir que la universidad termine siendo la cárcel custodiada por usureros que quienes me han condenado pretenden. Si un sólo estudiante se lo está poniendo tan difícil...imaginaos lo que podríamos hacer todos juntos si nos decidiéramos a luchar por una universidad pública, libre y popular. Ánimo y a seguir peleando a muerte, porque nuestra rabia, nuestros ideales, nuestra solidaridad y nuestro corazón son más poderosos que todas las armas represivas del mundo. Ningún pez gordo arriesgaría un pelo de su cabeza por un sueño...pero nosotros estamos dispuestos a jugarnos la carrera y la vida por una sociedad distinta. Por eso somos más fuertes...y por eso venceremos.
Noticia extaida de Alasbarricadas.org
A falta de los datos estadísticos de los meses de noviembre y diciembre, la cifra de trabajadores y trabajadoras fallecidos en la Región Murcia en accidente laboral desde enero de 2009 es de 26 personas, y más de 100 personas habrían sufrido accidentes con graves secuelas que imposibilitan el desempeños de su que hacer diario.
